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Ayuda social cuyo resultado está vinculado a la posible suspensión de los efectos de una decisión de retorno dictada contra un nacional de un tercer país que padece una grave enfermedad (STJ 1ª 30 septiembre 2020: CPAS de Liège)

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 30 de septiembre de 2020 (asunto C–233/19: CPAS de Liège) declara que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio en materia de ayuda social cuyo resultado está vinculado a la posible suspensión de los efectos de una decisión de retorno dictada contra un nacional de un tercer país que padece una grave enfermedad debe considerar que un recurso por el que se solicita la anulación y la suspensión de esta decisión implica, de pleno Derecho, la suspensión de dicha decisión, aun cuando la normativa nacional no establezca tal suspensión, cuando: i) el recurso mencionado contiene alegaciones con el fin de demostrar que la ejecución de la decisión de retorno expondría al nacional de un tercer país a un riesgo grave de deterioro serio e irreversible de su estado de salud que no parecen manifiestamente infundadas, y ii) esa normativa no establece otra vía de recurso, regulada por normas precisas, claras y previsibles, que implique, de pleno Derecho, la suspensión de tal decisión.

El 4 de septiembre de 2015, B. presentó una solicitud de asilo en Bélgica. La autoridad competente denegó dicha solicitud. El 27 de abril de 2016, el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica) desestimó el recurso interpuesto por B. contra dicha resolución denegatoria. El 26 de septiembre de 2016, B. presentó una solicitud de autorización de residencia por razones médicas, motivada por el hecho de que padece varias enfermedades graves. Tras declararse la admisibilidad de dichas solicitudes el 22 de diciembre de 2016, se concedió a B. la ayuda social, que quedó a cargo del CPAS. Mediante sendas resoluciones de 28 de septiembre de 2017, notificadas el 23 de octubre de 2017, la solicitud de autorización de residencia presentada por B. fue denegada y la autoridad competente remitió a la interesada una orden de abandonar el territorio. El 28 de noviembre de 2017, B. interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación y la suspensión de las citadas resoluciones ante el Consejo del Contencioso de Extranjería. Sin embargo, mediante dos resoluciones de 28 de noviembre de 2017, el CPAS revocó a B. el derecho a la ayuda social con efectos desde el 23 de octubre de 2017. En cambio, le concedió la atención sanitaria de urgencia a partir del 1 de noviembre de 2017. El 28 de diciembre de 2017, B. interpuso un recurso contra las resoluciones del CPAS mediante las que se le revocaba el derecho a la ayuda social ante el tribunal du travail de Liège (Tribunal de lo Laboral de Lieja, Bélgica) y solicitó a ese Tribunal que le restableciera el derecho a dicha ayuda con efectos desde el 23 de octubre de 2017, pero dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso por cuanto se refería al derecho a la ayuda social. Así las cosas B. interpuso recurso de apelación contra esa sentencia ante la cour du travail de Liège (Tribunal Superior de lo Laboral de Lieja, Bélgica) el 16 de abril de 2018 que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia cuáles son las circunstancias en que los arts. 5 y 13 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en relación con los artículos 19, ap. 2, y 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional que conoce de un litigio en materia de ayuda social cuyo resultado está vinculado a la posible suspensión de los efectos de una decisión de retorno dictada contra un nacional de un tercer país que padece una grave enfermedad debe considerar que un recurso por el que se solicita la anulación y la suspensión de esta decisión implica, de pleno Derecho, la suspensión de dicha decisión, aun cuando la normativa nacional no establezca tal suspensión.

La respuesta contenida en la presente sentencia determina que una autoridad nacional que debe pronunciarse en tal situación no está necesariamente obligada a sostener, debido a las lagunas de la normativa nacional aplicable, que cualquier recurso interpuesto contra una decisión de retorno produzca un efecto suspensivo de pleno Derecho, toda vez que ese tipo de recurso no tiene sistemáticamente tal efecto en virtud del Derecho de la Unión. Por consiguiente, corresponde a dicha autoridad comprobar si en el asunto de que conoce concurren los requisitos a los que está supeditada la garantía de ese efecto en el Derecho de la Unión, dependiendo de la situación del interesado.

Considera el Tribunal de Justicia tal efecto suspensivo de pleno Derecho debe garantizarse imperativamente en el caso de los recursos interpuestos contra una decisión de retorno cuya ejecución «pueda» exponer a un nacional de un tercer país que padece una grave enfermedad a un «riesgo grave» de deterioro serio e irreversible de su estado de salud. En este contexto, para apreciar si la ejecución de la decisión de retorno objeto de un recurso «puede» exponer a la persona afectada a tal riesgo, no corresponde a una autoridad nacional declarar si la ejecución de esa decisión conlleva o no efectivamente ese riesgo. Afirma a este respecto el Tribunal de Justicia que si se adoptara tal solución, los requisitos de aplicación del efecto suspensivo de pleno Derecho se confundirían con aquellos que se exigen para que prospere el recurso interpuesto contra la decisión de retorno. De ello se derivaría, por una parte, que no se tendría en cuenta la dimensión preventiva del efecto suspensivo del recurso interpuesto contra dicha decisión y, por otra parte, que toda autoridad que deba deducir las consecuencias de ese efecto suspensivo se vería obligada, en la práctica, a proceder ella misma al examen que incumbe al órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre la legalidad de la decisión de retorno. Por lo tanto, tal autoridad debe limitarse a apreciar si el recurso interpuesto contra la decisión de retorno contiene alegaciones con el fin de demostrar que la ejecución de esa decisión expondría a un nacional de un tercer país que padece una grave enfermedad a un riesgo grave de deterioro serio e irreversible de su estado de salud que no parecen manifiestamente infundadas. De ser así, deberá considerar que la decisión de retorno está suspendida de pleno Derecho desde la fecha de interposición del recurso y deducir de ello las consecuencias que se impongan en el ámbito de la competencia que le corresponde.

Por último el Tribunal de Justicia declara que esta obligación se entiende sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de aprobar las normas nacionales de organización y procedimiento judicial y de establecer, en este ámbito, que una decisión sobre el efecto suspensivo de un recurso contra una decisión de retorno, adoptada por un órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre tal recurso, vincule a las autoridades y órganos jurisdiccionales que deban pronunciarse sobre las garantías de que disfruta, en materia de ayuda social, el nacional de un tercer país de que se trate.

Principales pilares de la propuesta de la Comisión de un nuevo Pacto sobre migración y asilo

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El 23 de septiembre de 2020 la Comisión presentó una serie de propuestas dentro del Marco «Hacia un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo en la Unión Europea».

Dicho marco puede estructurarse, en términos generales, de la siguiente manera:

Procedimientos más eficientes y rápidos , incluidos

  • Examen previo a la entrada que cubre la identificación, controles de salud y seguridad, toma de huellas dactilares y registro en la base de datos Eurodac (para huellas dactilares)
  • Un procedimiento fronterizo de asilo más rápido para aquellos con pocas posibilidades de obtener asilo
  • Mecanismo de seguimiento independiente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales

Los países de la UE pueden elegir cómo mostrar solidaridad

  • Los países de la UE pueden aceptar solicitantes de asilo en su territorio (= reubicación), asumir la responsabilidad de los retornos de los solicitantes de asilo rechazados (= retornos del patrocinador) o, en casos específicos, proporcionar apoyo operativo
  • Los países de la UE estarán obligados legalmente a contribuir en función de su producto interior bruto y tamaño de la población y su contribución solidaria variará en función de si se trata de un escenario de operaciones de rescate en el mar, una situación de presión o una crisis aguda.

Un sistema común de la UE para las devoluciones

  • Trabajar con países no pertenecientes a la UE para abordar desafíos compartidos, como el tráfico de migrantes y la construcción de vías de migración legal
  • Un marco legal más efectivo
  • Un papel más destacado de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
  • Un coordinador de retorno de la UE recién nombrado

Plan de acción de integración e inclusión para 2021-2024

Nuevo Reglamento de gestión del asilo y la migración que sustituye al Reglamento de Dublín

Los suizos rechazan en referéndum limitar la libre circulación desde países de la UE

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Una amplia mayoría de electores suizos rechazó el 27 de septiembre de 2020 en referéndum reducir drásticamente la migración procedente de la Unión Europea (UE), que pondría en riesgo sus relaciones con el bloque, según las primeras proyecciones del medio SRF. Cerca del 63 % de los electores votaron no a la iniciativa lanzada por el primer partido del país, la Unión Democrática del Centro (UDC), de poner fin al Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas (ALCP) firmado en 1999 con la UE, según los sondeos tras el cierre de los colegios electorales.

En el marco del sistema de democracia directa de Suiza, el referéndum pudo haber obligado al gobierno a anular las negociaciones con la UE, lo cual habría tenido afectaciones sobre pactos bilaterales, tránsito aéreo y barreras técnicas al comercio, de tal forma que el resultado se antojaba poco probable.

Declaración del Presidente von der Leyen sobre el resultado del referéndum suizo sobre la libertad de circulación con la Unión Europea (27 septiembre 2020)

Suiza y la UE son algo más que vecinos. Tenemos lazos muy estrechos y profundos, arraigados en una larga historia europea compartida. La proximidad geográfica juega un papel, por supuesto, pero es mucho más importante, los estrechos lazos entre nuestros ciudadanos. Cerca de 1,4 millones de ciudadanos de la UE viven en Suiza y 450.000 suizos viven en la UE. Otros 320.000 ciudadanos de la UE cruzan diariamente la frontera para trabajar en Suiza. Los ciudadanos de Suiza han demostrado hoy que valoran estos lazos. Su voto sostiene uno de los pilares fundamentales de nuestra relación: la libertad mutua de circular, vivir y trabajar en Suiza y en la UE. Celebro este resultado. Lo veo como una señal positiva para continuar consolidando y profundizando nuestra relación. Pronto hablaré con la Sra. Sommaruga, Presidenta de la Confederación Suiza. La felicitaré por este resultado. Por supuesto, espero con interés que el Consejo Federal Suizo avance rápidamente en la firma y ratificación del Acuerdo Marco Internacional que negociamos en 2018. Reiteraré este mensaje que transmití el pasado mes de enero cuando nos reunimos en Davos.

AVISO – Nuevas fechas del I Foro

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en la Universidad de Alcalá (Madrid-España) los días 15 y 16 de octubre de 2020. Debido a las medidas adoptadas por el Covid 19 la realización del Congreso será de manera semipresencial (a través de videoconferencias y conferencias presenciales que serán retransmitidas en directo mediante Blackboard collaborate) cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento, pudiendo transformarse, en cualquier momento en un congreso totalmente virtual si fuera necesario.

El solicitante de protección internacional no puede ser internado por no haber suficientes plazas disponibles en los centros de acogida humanitaria (STJ 25 junio 2020)

la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 25 de junio de 2010 (asunto C-36/20 PPU: Ministerio Fiscal -Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale-) declara que las autoridades judiciales ante las que se insta el internamiento de un nacional de un tercer país que se halla en situación irregular pueden recibir…

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«Re-open EU»: La Comisión puso en marcha el 15 de junio de 2020 un sitio web para reanudar de manera segura los viajes y el turismo en la Unión Europea

La Comisión ha puesto en marcha el 15 de junio de 2020 «Re-open EU», una plataforma web para apoyar la reanudación en seguridad de los viajes y el turismo en Europa. Ofrecerá información en tiempo real sobre las fronteras y los medios de transporte y servicios turísticos disponibles en los Estados miembros. La plataforma incluirá…

Origen: «Re-open EU»: La Comisión puso en marcha el 15 de junio de 2020 un sitio web para reanudar de manera segura los viajes y el turismo en la Unión Europea

Nuevas fechas para el Foro

Debido a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid el 10 de marzo 2020 y la Resolución del Rector de la UAH de 12 de marzo de 2020 el I Foro europeo de Derecho internacional privado quedó suspendido. Las nuevas fechas previstas para su celebración son los días 15 y 16 de octubre de 2020. Sentimos las molestias

Facultades y deberes del órgano jurisdiccional de primera instancia para modificar las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional de asilo (STJ 19 marzo 2020)

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera,  de 19 de marzo de 2020 (asunto C‑406/18: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal -Tompa-) dispone que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria. Además, cuando un órgano jurisdiccional nacional, tras efectuar un examen completo y ex nunc del conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declare que ha de reconocerse al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero el órgano administrativo adopte posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, dicho órgano jurisdiccional deberá, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio de hacer cumplir su sentencia, modificar la referida resolución administrativa que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente y sustituirla por su propia resolución sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.

PG, kurdo de Irak, llegó indocumentado el 22 de agosto de 2017 a una zona de tránsito de Hungría, donde presentó una solicitud de protección internacional alegando que en su país de origen su vida corría peligro. Las autoridades húngaras denegaron esta solicitud el 14 de marzo de 2018 y «declararon inaplicable al caso el principio de no devolución». Se dispuso el retorno de PG, al que se impuso una prohibición de entrada y de residencia de dos años de duración. El interesado interpuso ante el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Capital, Hungría) un recurso contra la negativa de concederle protección internacional. Se da la circunstancia que un órgano jurisdiccional húngaro distinto del tribunal remitente ya había anulado dos resoluciones anteriores de la Oficina, una de 25 de octubre de 2017 y otra de 18 de enero de 2018, mediante las que se había denegado en ambas ocasiones la solicitud de protección internacional de la misma persona.

El Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales.

En la primera de ellas pide, que se dilucide si el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. En su respuesta el Tribunal de Justicia deduce, a partir de las normas procesales aplicadas en el litigio principal, que, si una resolución judicial en la que el órgano jurisdiccional ha llevado a cabo un examen completo y ex nunc de las necesidades de protección internacional de la persona afectada, en virtud del cual ha declarado que debe concederse a esa persona tal protección, se ve contradicha por la resolución posterior de la autoridad administrativa competente, dicho órgano jurisdiccional debe, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio que le permita hacer respetar su sentencia, modificar esa resolución de la autoridad administrativa y sustituirla por su propia resolución, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que se lo impida. Considera, por tanto que, el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria. Además, cuando un órgano jurisdiccional nacional, tras efectuar un examen completo y ex nunc del conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declare que, en aplicación de los criterios previstos en la Directiva 2011/95, ha de reconocerse al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero el órgano administrativo adopte posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, dicho órgano jurisdiccional deberá, cuando el Derecho nacional no le confiera ningún medio de hacer cumplir su sentencia, modificar la referida resolución administrativa que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente y sustituirla por su propia resolución sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.

El Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság pide también que se dilucide si el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional un plazo de sesenta días para resolver. Y el Tribunal de Justicia declara que en el marco del recurso jurisdiccional establecido en el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, se garantiza a los demandantes una serie de derechos procesales específicos en virtud del art. 12, apartado 2, de esta Directiva —derecho a un intérprete, posibilidad de ponerse en contacto, en particular, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y acceso a determinada información—, del art. 20 de dicha Directiva —posibilidad de contar con asistencia jurídica y representación legal gratuitas—, del art. 22 de la misma Directiva —relativo al acceso a un asesor jurídico— y de los artículos 24 y 25 de la citada Directiva —que regulan los derechos de las personas con necesidades especiales y de los menores no acompañados, respectivamente—. Añade el Tribunal de Justicia que el art. 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32 obliga a los Estados miembros a establecer plazos de enjuiciamiento razonables. Estos contribuyen a la consecución del objetivo global de que las solicitudes de protección internacional se tramiten lo más rápidamente posible, fijado en el considerando 18 de la Directiva 2013/32. Así pues, la obligación del órgano jurisdiccional de no aplicar una normativa nacional que establezca un plazo de enjuiciamiento incompatible con el principio de efectividad del Derecho de la Unión no lo exime de toda obligación de celeridad, sino que únicamente le exige considerar indicativo el plazo que se le ha concedido, incumbiéndole resolver lo más rápidamente posible cuando expire ese plazo. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el art. 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional un plazo de sesenta días para resolver, siempre que el órgano jurisdiccional pueda garantizar en ese plazo la efectividad de las normas materiales y de las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce al solicitante. En caso contrario, ese órgano jurisdiccional deberá abstenerse de aplicar la normativa nacional que fija el plazo de enjuiciamiento y, transcurrido dicho plazo, resolver lo antes posible.

Serias críticas a la declaración sobre la situación en las fronteras exteriores de la UE con Tuquía

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 4 de marzo de 2020. Los Ministros de Asuntos Interiores de la UE se reunieron el 4 de marzo, junto con los Ministros de los Países Asociados Schengen, para una reunión extraordinaria del Consejo para discutir la situación en las fronteras exteriores de la UE con Turquía. El…

Origen: Serias críticas a la declaración sobre la situación en las fronteras exteriores de la UE con Tuquía

Solicitud de reagrupación familiar, presentada por el cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión Europea que posee la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de circulación

El Blog de José Carlos Fernández Rozas

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 27 de febrero de 2020 (asunto C‑836/18: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real) dispone que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una solicitud de reagrupación familiar, presentada por el cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión Europea que posee la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, por la única razón de que el ciudadano de la Unión no disponga, para sí y su cónyuge, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social, sin que se haya examinado si entre ese ciudadano de la Unión y su cónyuge existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de denegarse un derecho de residencia derivado a este último, el…

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