Consideración de la expulsión del territorio español, bien como sanción preferente por incurrir el extranjero en las conductas tipificadas como graves, bien como sanción principal para dichas conductas (STS C-A 5ª 17 marzo 2021)

Origen: Consideración de la expulsión del territorio español, bien como sanción preferente por incurrir el extranjero en las conductas tipificadas como graves, bien como sanción principal para dichas conductas (STS C-A 5ª 17 marzo 2021)

Defensor del Pueblo: estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española

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El estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española que se presenta en esta publicación se centra en el análisis de los efectos de la inmigración en la economía española. La presente publicación contiene un estudio cuyo autor es el profesor Ramón Mahía. Previamente se ha publicado como parte del volumen II del Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2019.

El texto se despliega en cuatro grandes apartados relativos a cuatro grandes áreas de análisis de nuestra economía: demografía, mercado laboral, economía pública y efectos macroeconómicos.

El primero de los apartados se refiere a una dimensión que el informe considera absolutamente crucial: entender la importancia de la migración como mecanismo de sostenibilidad demográfica y sus implicaciones en materia económica. El texto detalla las importantísimas consecuencias económicas de una estructura demográfica envejecida, en particular la reducción de la fuerza laboral y el deterioro de las variables de equilibrio fiscal y sostenibilidad del sistema de pensiones. A continuación, se aborda la innegable evidencia de cómo la inmigración se ha convertido en factor de reemplazo demográfico en España en los últimos años y como lo seguirá siendo de forma inevitable en el futuro.

En la segunda de las secciones, sobre el mercado laboral, se incide en algunas ideas claves apuntadas previamente en el análisis del marco demográfico. La idea fundamental es que los flujos inmigratorios son esenciales para compensar el declive de la fuerza laboral nativa (población activa), hasta el punto de que, desde el final de la crisis económica, la totalidad del incremento en la población activa en España corresponde a ciudadanos extranjeros.

Respecto a la economía pública, el informe revisa exhaustivamente diversos aspectos que, normalmente, alimentan los prejuicios negativos hacia la inmigración. Esta sección es particularmente relevante porque, como el mismo texto señala, las percepciones sobre la contribución de los inmigrantes a la economía pública y el uso de sus prestaciones son muy importantes, modelando muy significativamente la percepción global negativa hacia la inmigración. Los datos revisados en el estudio permiten constatar cómo la presencia de extranjeros es testimonial en cuanto a perceptores de pensiones contributivas, y que no disfrutan de ninguna ventaja relativa a la hora de percibir prestaciones por desempleo. Se detalla también con datos objetivos como los extranjeros están también infrarrepresentados en las pensiones no contributivas, subsidios y ayudas, y todo ello pese a que, en términos agregados, la situación de los hogares inmigrantes es visiblemente mucho más desfavorable que la de los nativos. El texto desmiente que los inmigrantes acaparen las prestaciones de los servicios sociales y describe como su leve sobrerrepresentación media se debe, lógicamente, a una situación de vulnerabilidad que, en promedio, es también muy marcada. Respecto a la contribución de la inmigración a los ingresos públicos, se detalla, en primer lugar, cómo en términos de recaudación impositiva no existe ninguna excepción para los extranjeros que residen en territorio español, desmintiendo algunos de los bulos que de forma obstinada circulan a veces. A continuación, se ofrecen datos precisos que sostienen el argumento de cómo la contribución de la inmigración laboral es muy notable desde el punto de vista de los ingresos fiscales especialmente por el lado de las contribuciones a la Seguridad Social. La sección de economía pública cierra con algunas reflexiones sobre el dudoso concepto de «balanza fiscal» de la inmigración.

Por último, el capítulo relativo a la aportación de la inmigración al crecimiento económico explora las interesantes cadenas de transmisión que conectan el empleo de población extranjera en determinados sectores al crecimiento del conjunto de la economía española. El texto refuerza nuevamente la idea de cómo el crecimiento económico de los países más desarrollados, incluido el nuestro, está plenamente condicionado a la llegada de inmigración, cómo la inmigración laboral permite absorber mejor los shocks del mercado de trabajo, facilitando ciclos expansivos de la economía, y cómo comercio, inversión y productividad pueden verse también positivamente afectados por los flujos migratorios.

Tomando en consideración lo expresado en este estudio, se concluye con una serie de Recomendaciones que el Defensor del Pueblo trasladará a las administraciones competentes en cada caso y que, básicamente, se centran en la modificación de algunos preceptos del Reglamento de extranjería, así como la difusión de instrucciones claras dirigidas a las oficinas de extranjeros, que podrían contribuir a la mejora del régimen jurídico que regula las condiciones de trabajo y residencia de la inmigración en España.

El procedimiento de determinación de la edad en España viola la Convención de los derechos del niño

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El 13 de octubre de 2020 Comité de los derechos del niño (CDN) declaró que el procedimiento de determinación de la edad de los jóvenes migrantes no acompañados violó sus derechos humanos.

El Comité, compuesto por 18 expertos independientes, ha adoptado 14 decisiones contra España desde 2019 sobre la cuestión de la determinación de la edad de los niños migrantes no acompañados. Los expertos encontraron varias violaciones de la Convención de los derechos del niño, en particular, el derecho a la identidad, el derecho a ser escuchado, y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar.

En uno de los casos examinados en septiembre de este año, M.B., un joven guineano de 17 años, llegó a Almería, España, en junio de 2017, después de que la patera en la que viajaba fuera interceptada por la Cruz Roja. M.B. informó al personal de la Cruz Roja y a la policía española que era menor de edad. Sin embargo, la policía lo registró como adulto de 21 años sin procederse a determinar su edad.

Las autoridades españolas denegaron su solicitud de asilo y se lo retuvo en un centro de internamiento para extranjeros adultos en Madrid. Fundación Raíces consiguió obtener una copia de su certificado de nacimiento de Guinea, que acreditaba su minoría de edad, y lo presentó ante varias instancias. Aunque se le puso en libertad tras 52 días en el centro de internamiento, no se le reconoció como menor de edad, no se le asignó un tutor que velara por sus intereses ni se le ofreció la protección a la que los niños tienen derecho de conformidad con el derecho nacional e internacional.

En otro caso, el adolescente A.L fue arrestado por la policía española cuando intentaba accede a la costa de Almería ilegalmente a bordo de una patera en abril de 2017. Aunque carecía de documentos y no estaba acompañado, informó a la policía que tenía 17 años.

Se le trasladó al hospital donde se la practicó una radiografía de la mano izquierda para determinar su edad. Los resultados del examen determinaron que la edad ósea de A.L. era de más de 19 años. Con base a ese resultado, la Fiscalía emitió un decreto determinando que A.L. era adulto y se le trasladó a un centro de internamiento de extranjeros para adultos, en el que fue golpeado con palos por guardas del centro. Con la ayuda de Fundación Raíces, A.L. presentó su certificado de nacimiento al Juzgado de Almería para probar su minoría de edad.  Sin embargo, nunca recibió respuesta del juzgado, razón por la que llevó su caso ante el Comité.

En los 14 casos recibidos por el Comité, España no realizó un procedimiento adecuado de determinación de la edad. Según una revista publicada por el ACNUR en 2019, la radiografía comúnmente practicada tiene un margen de error de cuatro años. Según el ACNUR, unos 2.500 niños llegaron a España en los nueve primeros meses de 2019, muchos de ellos no acompañados.

El Comité señala la importancia fundamental de determinar la edad de todo individuo que afirma ser menor de edad, dado que el resultado de dicha determinación condicionará si tienen derecho a protección en su calidad de niños.

“El debido proceso en la determinación de la edad de una persona, incluido el acompañamiento por representante y la posibilidad de apelar el resultado de dicha determinación, son esenciales”, afirmó Luis Pedernera, Presidente del Comité. “Mientras el procedimiento esté pendiente, la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal”.

El Comité señaló que los documentos de identidad, cuando se encuentren disponibles, deben considerarse válidos salvo prueba en contra, según lo reconocido por el propio Tribunal Supremo de España. También hizo un llamado al Estado español a asegurar que el mejor interés del niño sea tomado como una consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad.